Saturday, November 18, 2017

Hacia un final de régimen

Este artículo se publicó en este mismo blog, en catalán, hace dos meses. Como entiendo que mantiene su vigencia, lo reproduzco aquí en español:

El final de un regimen. Mirando desde arriba


Se puede entender que los acontecimientos recientes en Cataluña son parte de una cuestión territorial, fiscal y, quizás también, de reivindicación la lengua. Y que arranca de una irritación motivada por la destrucción del estatuto de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular en 2010.
El estatuto, una renovación de los acuerdos entre la nación catalana y el reino de España, había sido aprobado por el Parlamento catalán, sometido a referéndum y así aprobado. Y también reconocido y aprobado por las Cortes Españolas. Un Tribunal Constitucional irregular, por no decir deslegitimado, que hacía tres años que debía haberse renovado y que, de sus doce miembros, le faltaba uno por fallecimiento, y que excluyó otro miembro por una confusa razón de haber escrito un ensayo sobre Cataluña diez años antes, lo descabezó a instancias del Partido Popular. La eliminación de algunos de los artículos más trascendentes contó sólo que con la aprobación de la mitad de sus miembros y que fue la presidenta, quien utilizó su voto de calidad para imponer el resultado. Tal desorden podría estar en el origen del actual conflicto. Pero también se puede pensar que esto sólo es la causa, digamos, local. Desde otro punto de vista, es bastante evidente que cae encima de una tremenda crisis económica que originada por los desastres financieros a nivel mundial, que ha evolucionado hacia una represión económica de las clases populares, provocando un desequilibrio con cifras de paro extraordinarias, apenas recuperadas con una precarización de los puestos de trabajo y una enorme reducción de los salarios. Mientras tanto, se ha optado por un rescate multimillonario de entidades financieras, bancos y cajas mal gestionadas o, simplemente robadas, a cambio de recortar los presupuestos sociales, de sanidad y enseñanza.
Encima, el gobierno del estado se ha revelado como protagonista de casos de corrupción generalizados, ocultados por la connivencia de otros poderes políticos económicos y judiciales, que con el ruido de la situación catalana se pretende ocultar.
Pero todo esto se asienta sobre la inestable situación del mismo estado, del que la legitimación de su cabeza es más que discutible. La reinstauración de la monarquía borbónica, aparte de su impresentable deficiencia de origen, a partir de una designación para un dictador sanguinario, se ha visto dañada por la conducta del primer monarca, envuelto en escándalos económicos, sexuales y anticonservacionistas. Un individuo que dedica sus esfuerzos a los negocios de venta de armas a países en guerra, mantener concubinas y matar especies animales protegidas, no es una figura respetable como jefe de estado. Su sucesor, que lo es por una interpretación inconstitucional de la ley de sucesión que promueve la preeminencia del hombre sobre la mujer, sigue las vergonzantes prácticas económicas de su predecesor. Encima no ha sido capaz de proveer un descendiente masculino, situación biológica absurda y aleatoria, pero que en el pasado ha motivado conflictos sangrientos que el pueblo ha pagado con dolor y muertes.
Este estado no se aguanta. Décadas de soportar una estructura central de altos funcionarios y su entorno, acostumbrados a vivir de la teta del estado, en continua connivencia con las grandes empresas que dependen de las asignaciones que se publican en el BOE, forman un entramado que no quiere renunciar al poder y sus privilegios de élites extractivas. Han acomodado a sus intereses un cuerpo legal pesado y disfuncional, que el poder legislativo no puede hacer funcionar con las penurias administrativas que sufre, y al que se le pide complicidad.
El movimiento catalán por una república independiente, marca un punto de inflexión. Si el estado no se plantea ordenar la crisis económica, equilibrar el déficit fiscal, resolver la corrupción y legitimar la decisión del pueblo sobre su destino, es comprensible que quieran encontrar una vía hacia el futuro que les liberen de estas lacras.
Si realmente alguien piensa que puede haber algún punto de diálogo, que empiece a poner sobre la mesa de negociaciones las piezas grandes: la monarquía, la corrupción, la redistribución económica, la reforma judicial y el respeto a la voluntad del pueblo. Lo demás son palabras vanas y desvíos de la realidad.


XA

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