Este relato ni es ni pretende ser más objetivo que lo que proporcionan las fuentes de las que se extrae la información. Y se hace desde la indignación, ya crónica, de contemplar las trapacherias del gobierno del Partido Popular, asentado en un estado corrupto y en muchos aspectos fallido. Que el estado español se encuentre en la desgraciada situación en que lo ha dejado la administración de las derechas más recalcitrantes tampoco es un acontecimiento. Es el resultado de años, por no decir siglos, de ignominias diversas, históricas y deplorables. Que en esta coyuntura se haya desarrollado con fuerza un movimiento independentista en Cataluña, puede tener motivaciones recientes, pero se asienta en el convencimiento extendido de que el estado español no tiene remedio como institución y que, por lo tanto, lo único sensato es, si se puede, marcharse.
Será, sin embargo, en otro momento, que profundizaremos en la situación del estado español, entre otras cosas porque ya hemos renunciado a plantearnos un análisis que pudiese contribuir a su comprensión y, con ello, a la búsqueda de algunas posibles soluciones o propuestas de futuro.
Que el proceso independentista sea objeto de acciones contrarias desde el estado es, cuando menos, esperable. El ordenamiento jurídico vigente, incluso con una interpretación simple, defiende una integridad del territorio y tal puede justificar una natural resistencia institucional a cualquier movimiento que pueda alterar el estatus quo existente desde el final de la dictadura franquista. Como temática política que es, resulta comprensible que posiciones políticas opuestas intenten por todos los medios ejercer esa oposición y divulgarlo. Sin entrar en calificar los medios, se puede entender que todo medio válido puede utilizarse aunque su legitimidad pueda ser opinable, juridica y éticamente. Al fin y al cabo, un movimiento independentista en su ejecución altera la legalidad. No así su planteamiento, que tiene la legitimidad de las libertades consagradas en declaraciones de derechos internacionales y, también, las del propio estado. Todo ello, por descontado, excluida la violencia. La violencia física, porque la retórica, la limitadora de libertades, la económica, la informativa y la simplemente social, habrá que dar por supuesto que van a acontecer.
Las maniobras conspiratorias, entendidas como las actividades de distintos actores en connivencia y con un objetivo común de dañar, impedir, modificar o, incluso, destruir un proceso como el del independentismo, son parte de esa violencia.
La publicación en fecha reciente de las conversaciones mantenidas entre el ministro del Interior del gobierno del Partido Popular con el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, un funcionario de esa institución técnicamente independiente de partidos, ha hecho saltar todos los fusibles de la contención al poner de manifiesto, en unas grabaciones de audio claras y nítidas y sus transcripciones en negro sobre blanco, algo largo tiempo sospechado, de alguna forma conocido y constatado, pero que no se habia podido probar.
El contenido de las grabaciones pone de manifiesto el comportamiento absolutamente impresentable de los interlocutores, la perversidad de sus intenciones y los componentes delictivos de las actividades, incluyendo formas juridicamente identificables como el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias, la calumnia, las injurias y el uso bastardo de las institucions del estado para fines propios. Los textos se han difundido ampliamente por la publicación digital "Público" (http://www.publico.es/) y reproducido en otros medios.
Los personajes implicados:
El hijo del guardia de la porra. Jorge Fernández Diaz, ministro del Interior del gobierno de Mariano Rajoy desde 2011, a lo largo de toda la legisatura anterior y esta fallida que ahora concluye, nació en Valladolid en 1950. Miembro del Partido Popular, procedente de la UCD y el CDS, fue gobernador de Asturia en los años 80. Vino a vivir a Cataluña cuando su padre, Eduardo Fernández Ortega, teniente coronel de caballería del ejército franquista fue nombrado subinspector de la Guardia Urbana de Barcelona. Para el gobernador de Barcelona de la época, Felipe Acedo Colunga, la continua llegada de contingentes de emigrantes andaluces y murcianos a la ciudad estaba representando un problema que deseaban controlar. Aunque se haye descrito y comprendido el fenómeno migratorio desde el sur a las ciudades industriales del norte del estado como una consecuencia de condiciones económicas adversas, una análisis más actual debe entender que la condición de los emigrantes en realidad se correspondía mejor con la de refugiados. Refugiados del hambre y de la represión que se había ido prolongando en las zonas rurales andaluzas en la década siguiente a la guerra civil. Los testimonios abundan y aún viven miles de supervivientes de aquellas situaciones. Hay que entender que, mientras que los inmigrantes económicos pueden tener más mal que bien una cierta acogida, los refugiados, sobre todo si no pueden hacer valer su condición por la situación política, son objeto de rechazo. Que en los centros del poder franquista se hablase de "rebaños de rojos anarquistas no redimidos" refiriéndose a quienes, por otro lado, se calificaba de "xarnegos", el despectivo epiteto catalán para los inmigrantes del sur, no debe extrañar.
Una circular del Gobernador Civil de 1952 y una ordenanza municipal de 1956 obligaba a los recién llegados a demostrar una residencia y un trabajo. Aquellos que no podían justificarlo eran primero retenidos en el Pabellón de las Misiones de Montjuic y finalmente mandados de vuelta a su tierra. Entre 1950 y 1955 se estima que Barcelona deportó a más de 15.000 emigrantes en su propio país. A cargo de esta tarea se empleó con entusiamo el teniente coronel Fernández, cuando el gobierno tuvo dificultades de asignar esas funciones a la Guardia civil, por aquel entonces todavía muy liada en la lucha contra las guerrillas pirineicas (http://goo.gl/MifUOf). Montó un régimen de terror en las montaña de Montjuic y en la estación de Francia, donde campaba por sus anchas devolviendo en el mismo tren que venían a cantidad de gente que llegaba buscando trabajo, después de dejarse sus escasos recursos en ese billete de tren.
La demolición de chabolas, la extorsión y el chantaje para no ser “deportado” tanto en Montjuic como en el Somorrostro son recordadas aun por quienes las vivieron.
El hijo del guardia de la porra, miembro del OpusDei y notorio por conceder medallas del Mérito policial a imágenes de la Virgen en pleno siglo XXI, ha hecho gala de una desfachatez notable en sus declaraciones políticas, así como en multiples actuaciones de su ministerio, entre las que ahora se destacan la propensión a utilizar los aparatos del estado en contra de sus oponentes políticos.
"L'espion". Recurro al francés para nombrar al personaje que compone el magistrado Daniel de Alfonso Laso, (Madrid, 1964), licenciado por la universidad privada San PabloCEU, magistrado de la Audiéncia de Barcelona, que fue nombrado Director de la Oficina Antifraude de Cataluña después de la muerte en extrañas circunstancias de su antecesor, el fiscal David Martínez Madero a los 47 años, en el 2011. Extraño es el fallecimiento súbito en un vuelo de Singapur a Milán de un fiscal que tenía poderosos y peligrosos enemigos, y a cuyo cadáver y en contra de lo que son las regulaciones de las compañías aéreas para estos sucesos, no se le practicó una autopsia ni una determinación de tóxicos, cosa aún más simple.
DeAlfonso accedió a la Oficina Antifraude a propuesta de Duran Lleida y con el soporte de UDC, ampliado después a otros partidos como requiere el estatuto de ese cargo. En los casi cinco años que lleva en el cargo apenas un asunto de los de su competencia ha sido resuelto definitivamente, no precisamente una muestra de extraordinaria diligencia. Por lo que se puede deducir de las grabaciones publicadas en las que predomina en el uso de la palabra, se muestra sumiso y disponible a la autoridad del ministro y no se contiene en calificar, incluso en términos insultantes a diferentes miembros de los estamentos políticos catalanes. En la comparecencia que ha tenido ante una comisión del Parlament ha mantenido un tono desafiente, provocativo, altanero y locuaz que poco dice de una figura cuyo principal activo debiera ser la discreción. Lo que resulta evidente que su actuación se equipara a la de un agente de información, de "inteligencia" que, además, ocupa un puesto que le permite ejecutar acciones hostiles contra políticos de los partidos independentistas catalanes.
La filtración. Ambos interlocutores se han apresurado a rechazar cualquier responsabilidad en las grabaciones y su difusión, protestas hasta cierto punto creibles porque no resultan muy bien parados con su divulgación. Distintos medios vienen atribuyendo la grabacion y su filtración a elementos de la policia estatal y justificándola con los conflictos internos de esa institución. Los protagonistas incluyen personajes como Eugenio Pino, que se jubiló ayer, el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado), comisario José Luis Olivera, el comisario Marcelino Martín Blas, "que viajó a Barcelona y se entrevistó con fiscales Anticorrupción en octubre de 2012" (http://www.elmundo.es/espana/2016/06/24/576c4e4be2704ee7138b4646.html). Y también
José Santiago Sánchez Aparicio, a quien el ministro le acaba de encargar las pesquisas sobre la grabación y difusión de sus conversaciones, alias "Chati", "el peor jefe de formación [de Policía] desde la II República" como lo describía el SUP en unos escritos de hace unos meses (http://goo.gl/A3pwfX). De la punta de ese lio no estamos en condiciones de estirar, aunque esperamos que alguien lo haga por nosotros en los próximos días.
El último episodio cuando dos policias (??) se presentan en la redacción del diario "Público" exigiendo que les entreguen las cintas de la grabación sin una orden judicial añade el ridículo a la prepotencia represiva.
Evidentemente se trata de una punta de iceberg de lo que bien puede calificarse de guerra sucia anticatalanista. Sucia y cutre, porque la escasa eficacia que se puede atribuir a toda esa maraña de actitudes mastuerzas, no parece que vaya a afectar a nadie de forma grave, más allá de las molestias y la sensación de indefensión ante un estado que, con el más olímpico desprecio a los derechos de los ciudadanos y a las leyes que les amparan, no duda en recurrir a los infundios para debilitar a los adversarios políticos.
Esto es lo que sabemos. Lo otro nos lo imaginamos y, también lo tememos, desde el convencmiento que no se detendrán ante nada para conseguir sus objetivos perversos.
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